La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera que existe una "participación preeminente" del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la filtración de los correos que denunció Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sobre su pacto por fraude fiscal con la Fiscalía.
Se trata de una de las principales conclusiones que recoge el informe sobre el material incautado en el despacho de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, al que ha tenido acceso EFE, una vez que el magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha alzado el secreto del sumario de dicho informe.
Los agentes apuntan a la "participación preeminente del fiscal general en los hechos que, finalmente, derivaron en la filtración investigada" tras analizar los mensajes intercambiados entre Rodríguez y García Ortiz entre los días 8 y 14 del pasado mes de marzo.
El día 8, Rodríguez, a petición del fiscal general, le traslada toda la documentación de la denuncia contra González Amador, de la que existe una "primera filtración" a la prensa el día 12 en elDiario.es, "supuestamente realizada por la Fiscalía General", y que "desvela que existe una investigación" por un presunto delito fiscal.
Al respecto, el informe advierte de que, a tenor de las horas y de la información publicada por este diario, con extractos de la denuncia original e informes de Hacienda, "la prensa disponía de la denuncia contra González Amador antes que el propio interesado".
Esto es así porque la noticia se publica a las 6:01 horas y el fiscal del caso, Julián Salto, envía a las 9:23 horas un correo a su abogado informándole de la denuncia ya formalizada "para facilitarle el derecho de defensa", avisando de que "hasta dentro de dos meses no tendremos el juzgado encargado del asunto".
Ya el día 13, a las 21:29 horas, El Mundo publica una noticia, en base al correo del día anterior en el que el fiscal del caso informa de la denuncia a la defensa de la pareja de la presidenta madrileña con el titular 'La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales mientras judicializa el caso.
Es entonces cuando "el fiscal general comienza a impartir órdenes para recabar los correos mantenidos entre el abogado de la defensa y la Fiscalía", anteriores a la denuncia.
Los agentes dicen que el correo que la defensa de González Amador remite al fiscal Julián Salto el 2 de febrero, que reconocía la comisión de "dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto de Sociedades, 2020 y 2021", junto a otros más, los reenvía Salto a la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, y a Rodríguez, quien a su vez los remite al fiscal general a las 21:59 horas.
Dos horas después, a las 23:51, la SER publica la información sobre el correo del 2 de febrero en la que, además, se indica que "la Fiscalía de Madrid prepara un comunicado al respecto que será publicado en las próximas horas".
Por todo ello, los agentes señalan que en ese lapso de tiempo "hay tan solo un reducido número de personas en los que concurren dos circunstancias": que tienen acceso a todos los correos de la investigación a González Amador y "que tienen conocimiento, no solo de que la Fiscalía está elaborando un comunicado, sino el periodo temporal aproximado en el que este se publicará".
Al respecto, avisan de que estas dos circunstancias solamente se dan primigeniamente en la Fiscalía, "por lo que la filtración debe iniciarse en esta" y apunta a cinco fiscales.
No obstante, deja claro que "la iniciativa y dirección en la acción de realizar la nota de prensa y la de requerir los diferentes correos es sostenida por el fiscal general", de quien dice que "imparte de forma directa las órdenes" para responder a la publicación de El Mundo con la "consecuente subordinación jerárquica en su cumplimiento".
Añade que la nota la hace la Fiscalía General con los datos aportados por la Provincial y que "existe una persona o varias en la Fiscalía General" que "están apoyando" a García Ortiz en los cometidos de la nota de prensa, que no pueden ser identificadas en este momento.
Este lunes, el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha ordenado a la UCO que analice la información incautada al fiscal general tras los "elementos" hallados en el informe pericial del material incautado a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.
