Semana intensa en el Congreso de los Diputados. Y es que este juevers se vota de nuevo la senda de estabilidad, un paso previo a la elaboración de los presupuestos para 2025, que todo apunta a que volverá a ser rechazada por la mayoría de PP, Vox y Junts.
Más allá de la lectura política, este eventual rechazo condicionaría los futuros presupuestos, tanto del Estado como de comunidades autónomas y ayuntamientos, y la aplicación de las nuevas reglas fiscales europeas. Estas son algunas claves, publica EFE.
La senda de estabilidad es un documento que recoge los objetivos vinculantes de déficit público, deuda pública y regla de gasto para los siguientes tres años (en ese caso, 2025-2027), unas metas que tienen que estar en línea con lo acordado con la Comisión Europea.
Además de los objetivos globales (para todo el país), la senda reparte esos objetivos por subsectores -administración central, Seguridad Social, comunidades autónomas y corporaciones locales-, unas metas que también son vinculantes (en este caso, a nivel interno) y que condicionan los presupuestos de cada administración.
El límite de gasto no financiero o techo de gasto es una cifra que marca el máximo de gasto que puede incluir el presupuesto del Estado sin incumplir los objetivos fiscales recogidos en la senda.
La ley de estabilidad presupuestaria establece que los presupuestos de las distintas administraciones tienen que "acomodarse" a los objetivos de estabilidad, es decir, que tienen que ser compatibles con el cumplimiento de las metas de déficit, deuda y gasto.
Esto supone que los objetivos de estabilidad presupuestaria son un paso previo a la elaboración de los presupuestos, ya que determinan cuánto pueden aumentar su gasto, cuánto déficit pueden tener como máximo (lo que condiciona tanto el gasto como los ingresos) y cómo debe evolucionar la deuda (lo que condiciona el déficit).
La senda de estabilidad es propuesta por el Ministerio de Hacienda y aprobada por el Consejo de Ministros una vez que cuenta con el aval del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que reúne a las comunidades autónomas, y de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), que representa a las corporaciones locales.
Después, esta senda se debate y vota en el Congreso y, si resulta aprobada, en el Senado. En caso de que el Senado la rechace, el Congreso podría levantar ese veto.
El techo de gasto es aprobado por el Consejo de Ministros y, aunque se debate en las Cortes, no se somete a votación.
La ley de estabilidad presupuestaria solo dice que si la senda es rechazada el Gobierno tiene que presentar una nueva en el plazo de un mes, pero no aclara qué sucede si esta segunda también es rechazada, como parece que va a ocurrir este jueves.
Un informe de la Abogacía del Estado encargado por el Gobierno defiende que en caso de que las Cortes rechacen ambas sendas se tienen que utilizar los objetivos incluidos en el programa de estabilidad remitido a Bruselas.
El último programa de estabilidad se elaboró en abril de 2023, ya que este año, con la entrada en vigor de las nuevas reglas fiscales europeas, no ha sido necesario enviarlo.
El objetivo global de déficit público del programa de estabilidad es del 2,7% del PIB para 2025, algo más holgado que el que propone el Gobierno en su senda (2,5% del PIB).
En cuanto al reparto, la propuesta del Gobierno para este año es más estricta con la administración central (déficit del 2,2% del PIB en lugar del 2,8% del PIB del programa de estabilidad) pero más laxa con comunidades autónomas (una décima de déficit en lugar de una décima de superávit), ayuntamientos (equilibrio en lugar de una décima de superávit) y Seguridad Social (dos décimas de déficit en lugar de una).
En principio, no tendría que verse afectado. El límite de gasto no financiero fijado para el próximo año (195.353 millones, 199.171 millones si se incluyen fondos europeos) está ajustado a un déficit del Estado más estricto del que aplicaría si se rechaza la senda. De hecho, el objetivo de déficit del programa de estabilidad permitiría incluso elevar este techo de gasto.
Las comunidades autónomas y ayuntamientos, en cambio, tendrían que ajustar sus presupuestos a unos objetivos más estrictos.
De acuerdo al informe de la Abogacía del Estado, sí, porque la presentación de presupuestos es una obligación constitucional que "no puede ser obviada por las eventualidades que se deriven de la aplicación de una norma de rango inferior".
La Constitución establece que el proyecto de presupuestos debería entrar en el Congreso antes de octubre, un plazo algo ajustado pero todavía factible que pretende dar tiempo a la tramitación parlamentaria (unos tres meses) de manera que las cuentas estén en vigor el 1 de enero.
En cualquier caso, los tres últimos presupuestos de 2021, 2022 y 2023 se presentaron ya entrado octubre y, con una tramitación algo acelerada, entraron en vigor a tiempo.
En caso de que finalmente el Gobierno no presente los presupuestos o lo haga y estos sean vetados en el Congreso, tendrían que prorrogarse de nuevo las cuentas de 2023, que son las que están vigentes actualmente.
Una nueva prórroga dificultaría la ejecución de ciertas partidas aunque, como apuntaba esta semana la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, los gobiernos siempre encuentran "algún mecanismo para gastar más de lo que te limita el presupuesto".
La Comisión Europea vigila los compromisos fiscales a nivel global de país, sin discriminar por subsectores, que es lo que hace la senda de estabilidad.
Sin embargo, con la entrada en vigor de las nuevas reglas fiscales el Gobierno tiene que presentar un plan fiscal estructural en el que defina cómo va a corregir los desequilibrios en los próximos años -algo que prevé hacer el próximo 15 de octubre-, un compromiso que tendría que reflejarse ya en el presupuesto de 2025.
FUENTE: EFE
